La Nación reglamentó el régimen de generación distribuida

El objetivo oficial es alcanzar 1.000 MW instalados en 12 años. Habrá incentivos financieros y fiscales para la instalación de equipos.

El gobierno nacional publicó este viernes el Decreto 986/2018 que reglamenta el Régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable. La disposición habilita a los usuarios particulares a inyectar a la red eléctrica pública la energía excedente.

De este modo, las viviendas, empresas o instituciones públicas, entre otras, que instalen equipos de energías renovables para autoconsumo – paneles solares, tecnologías de biomasa y biogás, turbinas hidroeléctricas o aerogeneradores de baja potencia- podrán entregar al sistema de distribución la energía eventualmente sobrante.

La  medida era esperada por la industria, pues era necesaria para la entrada en vigor del Régimen de fomento de generación distribuida (Ley 27.424), aprobado por el Congreso en 2017.

Para que tenga aplicación en Córdoba, sin embargo, la Legislatura deberá sancionar la adhesión a la norma nacional. La Comisión de Energía de la Unicameral tiene un proyecto de ley en tal sentido, que ingresó en abril pasado con la firma del gobernador Juan Schiaretti. Los legisladores estaban a la espera del decreto reglamentario para avanzar con el tratamiento la norma.

El Régimen de Fomento contempla la creación de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida (FODIS) por 500 millones de pesos para asistencia financiera destinada a impulsar la generación distribuida, así  como medidas de estímulo fiscal por 300 millones de pesos.

La Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) destacó  que el decreto “aunque mejorable, es lo suficientemente útil como para que una virtuosa implementación de la autoridad de aplicación permita impulsar la actividad. Por nuestra parte, sostenemos que la diversificación de la matriz no debería ser una mera sustitución tecnológica sino un cambio de paradigma. Esto implica la descentralización y cambio de escala, involucrando al ciudadano”, dijo Marcelo Álvares, presidente Cader, en un comunicado de prensa.

“Con el Decreto reglamentario  y las sucesivas resoluciones oficiales que la Secretaría de Gobierno de Energía publicará en los próximos días, estarán dadas las condiciones para que usuarios residenciales, comerciales e industriales se interesen en la oportunidad de mejorar su economía y seguridad energética, aprovechando los beneficios que ofrecen las fuentes renovables”, afirmó Álvarez.

1.000 MW distribuidos: ¿techo o piso?

La Secretaría de Energía plantea como objetivo la instalación de 1.000 MW de potencia en instalaciones distribuidas,  a nivel nacional en los próximos 12 años. La cifra no es desdeñable, ya que –por ejemplo- representa el 52% de la potencia operada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

Álvarez consideró que esa meta podría “superarse holgadamente, antes del tiempo previsto, con políticas integrales adecuadas”. En esa linea, propuso una “sinergia entre las distribuidoras, los gobiernos provinciales, los usuarios, el gobierno nacional y todos los actores que participan de la cadena”, para remover las eventuales barreras que surjan durante la instalación de equipos, lo que se traducirá en una más rápida evolución del mercado

Cader sostiene que el esquema distribuido tiene varias ventajas respecto del suministro tradicional basado en fuentes fósiles. Entre ellas, menciona que permite el ahorro de divisas destinadas a la importación de combustibles fósiles, disminuye la necesidad de inversión en transporte eléctrico, regulariza la tensión de las redes de baja potencia, garantiza la seguridad energética diversificando el uso de distintas tecnologías, fomenta el desarrollo de empresas en las economías regionales, requiere gran cantidad de mano de obra y mitiga la emisión de gases de efecto invernadero.

 

 

 

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